La Ola
Hay decisiones políticas que no se explican desde la razón, sino desde el prejuicio y la mezquindad. Que un sindicato de trabajadores judiciales - Asociación Judicial Bonaerense conocida por sus siglas “AJB”- que hace más de cuarenta años invierte, cuida y apuesta por la ciudad de Miramar quiera ampliar sus instalaciones debería ser una buena noticia para cualquiera que diga defender el desarrollo local. Sin embargo, para algunos concejales opositores parece ser un problema.
No estamos hablando de un emprendimiento improvisado ni de un actor ocasional. Estamos hablando de una organización sindical - si…organización sindical no Poder del Estado como cierto político devenido en “influencer” o la “pequeña Bullrich” confundieron.…- que durante cuatro décadas sostuvo presencia, generó actividad, trajo familias, cuidó el espacio y aportó movimiento económico a la ciudad en temporada alta y baja. Un sindicato que eligió Miramar cuando otros miraban para otro lado. Que invirtió cuando no estaba de moda. Que permaneció cuando muchos se fueron.
Hoy esa misma institución quiere crecer. Ampliar sus instalaciones. Mejorar servicios. Seguir apostando al futuro. Y la respuesta de parte de la oposición fue, una vez más, el freno, la sospecha permanente y el “no” automático.
Vale hacer una diferenciación necesaria: los concejales radicales opositores y el representante del ARI fueron los únicos que escucharon la propuesta con respeto, atendiendo los argumentos, planteando dudas de manera responsable y mostrando una actitud institucional acorde a la función que ocupan. El resto, lamentablemente, eligió otro camino.
Porque lejos de debatir con seriedad, salieron a tergiversar, a mentir y a sembrar confusión, instalando versiones falsas, exageraciones y lecturas malintencionadas que nada tienen que ver con el proyecto presentado. No hubo vocación de entender ni de mejorar la propuesta: hubo una decisión previa de rechazarla y luego buscar argumentos para justificar ese rechazo.
La pregunta es inevitable:
¿A qué le dicen que no?
¿Al crecimiento?
¿Al trabajo?
¿A la inversión?
¿O simplemente al hecho de que se trate de un sindicato?
Porque cuesta encontrar razones reales. No hay rechazo vecinal genuino, no hay un perjuicio comprobado, no hay una amenaza ambiental ni urbana concreta. Lo que hay es una mirada ideológica que sigue viendo a las organizaciones sindicales como un problema y no como lo que son: actores sociales fundamentales del desarrollo local.
Decirle que no a este sindicato es decirle que no a la historia, a la permanencia y al compromiso. Es desconocer cuarenta años de convivencia con la ciudad. Es actuar con una lógica mezquina y cortoplacista, donde pesa más el prejuicio político que el interés general de Miramar.
La ciudad no se construye con mentiras ni con operaciones. Se construye acompañando a quienes invierten, trabajan y se comprometen a largo plazo. Y este sindicato ya demostró, con hechos y no con slogans, que está dispuesto a seguir haciéndolo.
Los concejales tienen la responsabilidad de estar a la altura del cargo que ocupan. Escuchar, informarse, debatir con honestidad y decidir pensando en la ciudad, no en la especulación política.
Porque frenar a quienes apostaron durante cuarenta años no es cuidar a Miramar.
Es condenarla a quedarse quieta.
Y Miramar merece mucho más que eso.
